En
julio de 2008, durante los accidentados tramos finales de discusión y
aprobación de la nueva
Constitución del Ecuador, escribí un artículo
titulado "De vuelta al punto de partida" (
ALAI 20/07/2008). En el marco de una Constitución considerada "de avanzada" en varios aspectos - adopción del
Sumak Kawsay (Buen Vivir) como nuevo paradigma en vez del
desarrollo, reconocimiento del Ecuador como país plurinacional, reconocimiento por primera vez de derechos de la naturaleza
- lamentaba algunas pérdidas del movimiento indígena respecto de
conquistas ganadas en el terreno de la educación. Lamentaba que, después de mucha discusión y lucha en el seno de la
Asamblea Constituyente, el
kichwa no fuese aprobado como
lengua oficial en la nueva Constitución (cosa que luego fue enmendada, en estos términos: "El
castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y
el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural"). Agregaba
además, como respaldo, artículos alusivos de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada un año antes en el seno de la ONU.
Quién iba a decir en ese momento que apenas un año después, en 2009, el movimiento indígena volvería a movilizarse (
Movilización por la dignidad, la vida y la plurinacionalidad", 27 sep-9 oct 2009) para exigir diálogo al Presidente
Rafael Correa
y al gobierno del movimiento Alianza País (AP) y que, tres años más tarde, en 2012, ya
roto el vínculo con el gobierno y con varios indígenas procesados como
"terroristas", se embarcara en una
Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos
para exigir el cumplimiento de la Constitución recién estrenada, precisamente de esas
cuestiones que le dieron fama de "avanzada": la defensa de los
derechos de la naturaleza y del
Sumak Kawsay, amenazados entre otros por
el anuncio del
inicio de la minería a gran escala, y la defensa de la dignidad, una
vez más maltratada por un gobierno al que apoyaron y a cuyo triunfo
contribuyeron.
Humberto Cholango, Presidente de la
"En diciembre del pasado año,
en un acto público y publicado, nada clandestino, como deben ser los
actos políticos, la CONAIE debatió y anunció la realización de una
movilización nacional, cuyos objetivos, apegados a los mandatos de la
Constitución de Montecristi, son:
1) la
redistribución del agua mediante
la urgente aprobación de una nueva ley de aguas;
2) una
revolución
agraria para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y
la realización de la reforma agraria, tomando como base la soberanía
alimentaria;
3) el
cambio del modelo minero-extractivista que hoy se
impone por un nuevo modelo, el del Buen Vivir -
Sumak Kawsay;
4) la
no
aceptación de nuevos impuestos que afecten a los pequeños propietarios y
productores; y,
5) el cese inmediato de la criminalización de la
protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a
los 194 líderes y lideresas comunitarias".
La marcha salió el 8 de marzo de 2012 desde El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en la
Amazonía, y llegó a Quito dos semanas después, el 22 de marzo, Día
Mundial del Agua. Liderada por el movimiento indígena, la marcha
aglutinó a otros sectores, movimientos y organizaciones sociales:
campesinos, trabajadores urbanos, maestros, estudiantes... Las cerca de
200 personas que salieron de El Pangui se multiplicaron por el camino y
fueron miles al llegar a Quito, provenientes de todo el país.
Acusando
a los marchistas de "desestabilizadores" y "golpistas", Correa
levantó la consigna del
«No Pasarán»
(invocada, entre otros, en la Nicaragua de los 1980s para
repeler a la contra, financiada por Reagan desde EE.UU.) y
convocó a funcionarios y simpatizantes a marchas paralelas y
vigilias "en defensa de la democracia". Pero pasaron ... pese a las trabas y a la campaña de desinformación montada por el gobierno en contra de la marcha y
sus dirigentes. "Con diálogo todo, por la fuerza nada", pontificó
Correa,
pero recibió la marcha con contramarchas y se negó a dialogar con los
dirigentes a su
llegada a Quito.
Una vez más el movimiento indígena se levantó para poner
los puntos sobre las íes, esta vez a una
«revolución ciudadana
» que ofreció un "cambio
radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social
vigente" pero que viene mostrando no tener mucho
ni de
revolución ni de
ciudadana, y a un Presidente a quien el movimiento indígena le retiró el Bastón de Mando (abril 2011) y no reconoce como
mashi ("compañero", en
kichwa)
.
Una
«revolución ciudadana
» de la que desde el inicio se advirtió su déficit de
ciudadanía, que no reconoce el derecho a la resistencia
establecido en la Constitución (Art. 98),
que se atrinchera en propaganda, que niega el pensamiento
crítico, la libre expresión, la discrepancia, el diálogo. En país hoy oficialmente plurinacional e intercultural, esta
«revolución
» sigue despreciando a los indígenas - "
pelucones de ponchos dorados"
les llamó Correa en 2009, "izquierda
infantil, de plumas y ponchos" en 2012 - y ha consagrado "el racismo
como política oficial", como dijo durante la marcha Humberto Cholango,
Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (
CONAIE).
La propaganda
gubernamental en torno a la reducción de la pobreza y el incremento del
gasto social, se estrella contra la sobrecogedora pobreza y la exclusión
de los indígenas, el persistente abandono
de las zonas rurales, y la ausencia de políticas estructurales que
sería de esperar de una
«revolución ciudadana
» que ofreció
cambiar el modelo político, económico y
social pero que se ha limitado a medidas asistenciales. Según la CEPAL,
"en Ecuador, toda la mejora distributiva proviene del Bono de Desarrollo Humano" (CEPAL,
Panorama Social de América Latina 2011, p. 22
), los 35 dólares mensuales que cobran los más pobres para dejar de constar en las estadísticas de los indigentes y seguir siendo solamente pobres.
Como
aclaraba Correa, entrevistado por un medio gubernamental en enero
2012 a propósito de los festejos de los cinco años de gobierno:
"Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de
acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a
los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y
equitativa".
Estamos de vuelta en el punto de partida, pero en un punto de partida
diferente. En un Ecuador de "gobierno progresista", que confunde con su nomenclatura revolucionaria, el movimiento
indígena vuelve a levantarse para recordar a la sociedad que un
gobierno debe hablar menos y escuchar más, debe cumplir con lo acordado, debe poner en práctica la retórica del mandante y el mandado, y debe
combatir el racismo y el machismo en sus propias filas.
Hoy, como antes, los indígenas siguen siendo un actor social y político
fundamental en el escenario ecuatoriano, con capacidad de convocatoria y movilización por la defensa de sus
derechos.
