PLAN DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCION CIUDADANA
CARTA AL PUEBLO ECUATORIANO
Estamos en un momento crítico de nuestra historia. Debemos elegir nuestro futuro.
La década ganada por la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017 nos mostró que es posible vivir bien: en paz, con justicia y democracia. La venganza del neoliberalismo en los últimos 7 años intenta cerrarnos el camino.
Para avanzar debemos reconocer que somos un pueblo, que tenemos esperanzas compartidas y un destino común. Por eso es necesario unirnos para recuperar nuestra dignidad y nuestros sueños. Y lo haremos con contundencia democrática, desde el primer día, junto con nuestro pueblo. Sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos una vez.
Por eso nos hemos convocado contra la violencia del neoliberalismo criminal que se ha tomado el país. Contra el odio y los ataques de la derecha rabiosa que ya se ve derrotada y se aferra al poder. Contra el proceso destituyente de la traición que des institucionalizó el Estado en favor del caos de las mafias oligárquicas, optaremos por un proceso re constituyente de democracia participativa, que recupere las instituciones para el poder popular, el pueblo soberano. Contra el desaliento y el desánimo que quieren infundirnos nuestros enemigos: contra ellos, apostamos por la vida.
Nos unimos aquí con un propósito en común: alcanzar nuestros sueños y convertir el buen vivir en una realidad tangible. Queremos para todos: paz y seguridad; trabajo digno y estable; salud y educación gratuitas, universales y de calidad; trabajo digno universal y cobertura de seguro social; vivienda funcional y en condiciones óptimas. Por eso queremos recuperar la paz ciudadana y recuperar el rol del Estado – depurado – en la seguridad. Reactivar la economía con medidas concretas de aliento y estímulo, y especialmente recuperar al campo. Impulsar el sector agrícola para asegurar alimentos sanos y de calidad. Cuidar nuestra naturaleza: el agua, el aire, el clima, para mejorar nuestra vida, la de nuestros hijos y la de las generaciones futuras.
Nos comprometemos a perseverar, renovar y crecer en nuestro camino hacia la meta del buen vivir. Construimos para eso este frente común y amplio, impulsados por los esfuerzos de las mujeres y hombres de nuestra patria que resisten y luchan día a día contra las injusticias del neoliberalismo.
Queremos hacer crecer la semilla que nos legaron las luchas sociales contra el despojo y la opresión. Queremos hacer vida de la memoria de los caídos por el régimen criminal de la derecha neoliberal.
Nos negamos a dejar que nuestros sueños se desvanezcan en la oscuridad del olvido. En cambio, los abrazamos con valentía y determinación, con la convicción de que es la energía que alimenta nuestro potencial sin límites.
Tenemos la oportunidad: esta es la verdadera elección para el 9 de Febrero de 2025. Elegir la continuidad de la violencia, la pobreza y la injusticia del neoliberalismo; o elegir romper con ese pasado por un Ecuador más libre, más justo y solidario.
Para recuperar nuestros sueños y nuestra esperanza
Con pasión y perseverancia para alcanzar el buen vivir,
Nos declaramos:
En vigilia permanente por la paz, la justicia y la democracia con dignidad, ¡Por el regreso de la Revolución Ciudadana!
¡Para volver a ser Patria!
En este marco, nuestro Objetivo General y Objetivos Específicos, se describen a continuación:
Alcanzar el buen vivir en una democracia justa e igualitaria, con un Estado plurinacional e intercultural de derechos y justicia, que promueva nuestras libertades, capacidades y aspiraciones en una sociedad solidaria y con iguales oportunidades económicas, políticas, culturales y ecológicas, para que todos y todas las ecuatorianas podamos caminar juntos, siguiendo la hoja de ruta trazada en la Constitución de nuestra República.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 1. Justicia para el buen vivirObjetivo 2. Justicia para alcanzar la paz, la seguridad y el orden
Objetivo 3. Justicia para el bienestar económico con igualdad de oportunidades
Objetivo 4. Justicia ética y transparente en la lucha contra la corrupción
Objetivo 5. Justicia democrática participativa y deliberativa
Objetivo 6. Justicia para el empoderamiento y protección de mujeres y niñas
Objetivo 7. Justicia para reconocer y valorar la diversidad plurinacional e intercultural
Objetivo 8. Justicia ecológica y transición energética para un futuro limpio y sostenible
Objetivo 9. Justicia digital y nueva economía de la información
Objetivo 10. Justicia internacional, soberanía e integración
Objetivo 11. Justicia para el desarrollo del conocimiento
Objetivo 12. Justicia para la construcción de una sociedad de respeto y valor intergeneracional
El cumplimiento de nuestro Plan de Gobierno 2025-2029 será evaluado periódicamente mediante mecanismos públicos de vigilancia y rendición de cuentas.
La RENDICIÓN DE CUENTAS se hará pública y anualmente ante la Asamblea, como marca la norma constitucional; y también se realizará en asambleas populares directas y abiertas.
Para el CONTROL PERIÓDICO del Plan se activarán las instancias señaladas en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de Planificación, los Consejos consultivos participativos en cada ministerio, los Consejos Nacionales para la Igualdad, la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, y los Consejos Ciudadanos Sectoriales.
A continuación, se detallan las propuestas y estrategias plurianuales a realizarse en cada objetivo específico.
1. Justicia para el buen vivir
Diagnóstico
En un momento en que la vida se encuentra sometidos a una amenaza constante, nuestra propuesta se centra en su defensa así como en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Nos unimos para abogar por la valoración y el respeto de todas las formas de vida, reconociendo que cada ser tiene el derecho innato de existir y crecer en armonía con su entorno.
Afirmamos que la justicia por la vida y la reproducción de la vida debe prevalecer en todas las esferas de la sociedad. Esto implica tanto la recuperación de los bienes y servicios públicos como la recuperación integral de la economía, el empleo, la salud y la alimentación. Reconocemos que estos aspectos fundamentales de la vida están intrínsecamente entrelazados y que su fortalecimiento es crucial para el buen vivir de nuestra sociedad.
Durante los últimos siete años, los gobiernos han dado la espalda al pueblo ecuatoriano y han entregado nuestro país a los intereses de las minorías más ricas, dejando cicatrices en la economía y permitiendo tanto la pérdida de empleos como la precarización laboral; se ha afectado la salud de millones de personas y se ha agravado la desigualdad social. Ante esta situación, creemos en la capacidad del Ecuador de levantarnos juntas y juntos, con la convicción de que entre todos podemos superar estos desafíos y construir un futuro próspero y equitativo.
Abogamos por una recuperación económica inclusiva y sostenible. Rechazamos las políticas y prácticas que perpetúan la desigualdad y la concentración de la riqueza; en su lugar, promovemos un enfoque que fomente el acceso equitativo a oportunidades económicas así como a la creación de empleos dignos, emprendimiento e innovación.
Reconocemos que el empleo es un pilar fundamental para la dignidad y la estabilidad económica de las personas. Nos comprometemos a impulsar políticas y programas que fomenten el ingreso básico universal, la generación de empleo digno y estable, el apoyo a la capacidad de contratación de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas, así como la formación y la cualificación profesional permanentes. Buscamos construir una sociedad en la que cada persona tenga la oportunidad de contribuir y prosperar, sin importar su origen, género o cualquier otra característica personal, una sociedad donde el trabajo asalariado se caracterice por sus competencias y por las condiciones laborales dignas, nunca más una sociedad de salarios bajos y trabajo barato.
La salud también es un derecho humano fundamental. Defendemos sistemas de salud accesibles, resilientes y equitativos que garanticen la atención médica para todas las personas, independientemente de su situación económica. Fortaleceremos la investigación científica, la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables. Defendemos el acceso universal a medicamentos y tratamientos sostenibles, promoviendo la colaboración global para abordar los desafíos sanitarios.
La alimentación es un derecho básico para todos los seres humanos. Nos comprometemos a promover sistemas alimentarios sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria, la diversidad de alimentos nutritivos y el acceso equitativo a ellos. Abogamos por la protección del medio ambiente, la promoción de la agricultura regenerativa y el apoyo a los pequeños agricultores y productores locales.
Aquí llamamos a la acción a todos aquellos que comparten nuestra visión de una recuperación integral de la patria. Instamos a todas y todos los ecuatorianos a unirse en esta misión. Juntos y juntas podemos construir un futuro en el que la economía sea inclusiva y sostenible, el empleo sea digno y abundante, la salud sea un derecho para todos y la alimentación sea segura y nutritiva, para lo cual proponemos:
Economía y deuda pública, crédito e inversión social
Estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada, lo cual consiste tanto en detener la caída de la producción como en recuperar los niveles de producción real.
Recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización.
Impulsar la transición hacia una economía post petrolera: estimular la producción no petrolera con incentivos para sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total.
Orientar la política económica para incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas mediante regímenes simplificados y exenciones en los niveles de tributación, que les permitan mantenerse y evitar cierres ante la crítica situacióneconómica que enfrenta el país.
Realizar una auditoría integral de la deuda pública desde el año 2017.
Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública, la prioridad del trabajo digno y el crecimiento inclusivo como condición necesaria para cumplir cualquier compromiso.
Recuperar la inversión estatal en los sectores sociales y aplicar los presupuestos sociales sectoriales de acuerdo a las proporciones señaladas en la Constitución.
Apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario: créditos accesibles, acceso preferencial a las compras públicas, aplicación de la inclusión económica en las perchas, mecanismos de liquidez a través de las instituciones de finanzas populares, diferimiento de pagos, apoyo al desarrollo de herramientas virtuales para promover espacios de negocios en los que entren en contacto directo productores y consumidores, apoyo a los productores de la EPS para incorporar mecanismos que aseguren altos estándares de calidad, apoyar procesos de incorporación de valor agregado, etc.
Fortalecer el rol orientador del Estado en el desarrollo agrario, promoviendo una estructura agraria que combine diferentes formas de organización de la producción, considerando las unidades familiares, las formas de organización social de la producción y la producción empresarial.
Cuidar particularmente la sostenibilidad productiva y financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, y empresas de la economía popular y solidaria, estableciendo incentivos tributarios adecuados y mejorando sus condiciones de acceso en el mercado nacional, promoviendo así la sostenibilidad del empleo que genera este sector.
Elaborar planes de vinculación científico-tecnológica aplicada para la economía social y popular, que permitan la articulación de diferentes dispositivos tecnológicos y el financiamiento de investigaciones aplicadas y en territorio.
Impulsar la soberanía alimentaria fortaleciendo a los productores de la economía popular y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos del país. Financiar la producción y las redes de comercialización. Priorizar por parte del Estado la compra de alimentos a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
Apoyar al cooperativismo agrario, a las formas de producción de la economía popular o de las pequeñas y medianas empresas, mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales y su ingreso en las cadenas de valor del proceso productivo y comercial.
Reactivar políticas públicas para la producción agrícola con los precios de sustentación, mediante la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) como medio de protección a los pequeños agricultores.
Recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios esenciales y de calidad en las áreas de salud, educación, bienestar social, justicia y seguridad.
Buscar la convergencia de la política económica, laboral y la política social para revertir rápidamente el incremento de la pobreza y de la desigualdad, y reinstaurar una agenda pública de decidida reducción de la pobreza, extrema pobreza y la desigualdad.
Establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias. Resolver la problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos ilegales y abusivos.
Estabilizar los ingresos no petroleros adecuando la presión tributaria (incluyendo impuestos subnacionales, contribuciones a la seguridad social, etc.) dentro de niveles convenientes y acordes a estándares internacionales, con procesos de simplificación tributaria y manteniendo o mejorando condiciones y niveles de empleo.
Revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia (re)distributiva priorizando sectores como agricultura y transporte.
Luchar contra la corrupción fiscal y la evasión, estableciendo un sistema de transparencia definitivo para capturar el incremento patrimonial no justificado.
21. Aplicar el principio de generalidad en el sistema tributario, simplificarlo y hacerlo más eficiente
22. Aplicar criterios de progresividad, suficiencia y equidad tributaria, en pro de crear incentivos para los agentes económicos productivos.
Ciudadanía con empleo digno, ingreso básico universal y seguridad social universal
Orientar la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles y la calidad de empleo, poniendo en el centro del modelo el respeto de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, la estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales seguras y saludables, los salarios dignos, el tiempo de trabajo compatible con la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres, los lugares de trabajo libres de violencia y acoso, la protección de la maternidad en todas sus etapas y el reconocimiento de padres y madres al tiempo para el cuidado y la crianza protegiendo su estabilidad laboral. Todo ello, vinculado al permanente diálogo social tripartito, con mano tendida de manera permanente a sindicatos y empresarios para fomentar la negociación colectiva.
Controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales de las personas a las que emplean en régimen asalariado.
Crear mecanismos y políticas para integrar a los y las jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral. En este marco, se impulsará legislación para reivindicar el derecho al primer empleo joven, estrategias de prácticas y formación dual y exenciones tributarias a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes.
Establecer políticas de becas de terminalidad educativa, para la formación y la profesionalización; y créditos para emprendimientos que generen trabajo para los y las jóvenes.
Implementar políticas públicas para el sostenimiento simultáneo de las trayectorias educativas y laborales de las y los jóvenes, articulando necesidades y derechos.
Implementar políticas públicas contra la discriminación y los estigmas que pesan sobre las y los jóvenes, así como contra las situaciones de segregación y exclusión que condicionan sus vidas, visibilizando diferentes modos de ser joven y reconociendo derechos y diversidades.
Promover la economía social, garantizando créditos para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento. Fortalecer programa de microcréditos incorporando diferentes escalas y líneas de financiamiento, flexibilizando los métodos, para generar masividad y crear bancas de crédito local y regional con gobiernos locales.
Generar obras públicas comunitarias emergentes que prioricen la vinculación de trabajadoras y trabajadores desempleados.
Establecer modelos de vinculación entre planes sociales y trabajo, facilitando que las personas beneficiarias de un plan se inserten en el mercado laboral de manera formal.
Reformar a profundidad el IESS en favor de las personas afiliadas: cumplir con el aporte patronal; transparentar los cálculos actuariales y tomar los correctivos necesarios; modernizar la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad. Mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones. Impulsar un sistema de seguridad social en el que todos sus componentes converjan en base a los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia y participación social así como de equidad y viabilidad fiscal.
Recuperar la lucha contra el trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador.
Ciudadanía con educación
Recuperar las Universidades públicas y las Universidades emblemáticas del país, el programa de becas en el exterior, la excelencia y calidad.
Cumplir con la preasignación presupuestaria constitucional para la educación e incrementar la inversión educativa.
Democratizar el acceso a la educación y garantizar el derecho de los estudiantes a una educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles educativos, desde el inicial, educación general básica, bachillerato y tercer nivel universitario.
Reforzar los recursos y capacidades de la educación en las etapas tempranas para avanzar en un modelo en donde se priorice la experimentación, creatividad, capacidad de resolución de problemas, desarrollo de capacidades personales y adquisición de competencias básicas.
Fomentar la ampliación de la cobertura de la educación secundaria favoreciendo en particular la formación técnica y tecnológica de los sectores ligados a la producción industrial, artesanal y agrícola, combinando perspectivas de desarrollo social y productivo incorporando criterios de alfabetización digital.
Garantizar los derechos de los docentes ecuatorianos para mejorar la calidad educativa, fortalecer su trabajo mediante la regulación de la carrera docente y el escalafón, que reivindique derechos y responsabilidades como:
Política salarial con una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos en todos los niveles educativos.
Estabilidad docente en todos los niveles y modalidades.
Promoción, movilidad y alternancia docente.
Profesionalización,actualización,formacióncontinuaparaelmejoramiento
personal, pedagógico y académico.
Fortalecer e incrementar los Institutos de Educación Superior.
Revisar los modelos pedagógicos para incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes.
Revisar el Plan Decenal educativo para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.
Garantizar la cobertura universal de la oferta educativa pública a nivel nacional, bajo los principios de equidad social, territorial y regional.
Implementar políticas para facilitar el acceso universal a los diferentes niveles de la educación, con facilidad de movilidad entre las regiones geográficas.
Recuperar y fortalecer las Unidades Educativas del Milenio (UEM) para garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales usualmente excluidas de los servicios educativos.
Distribuir los recursos para la educación con criterios de equidad social, poblacional y territorial para eliminar brechas y desigualdades étnicas, de género, urbano rural y por condición física.
Requerir la rendición de cuentas sobre resultados educativos y gestión de recursos públicos de parte de las instituciones fiscomisionales, artesanales y comunitarias para que, con el financiamiento estatal, estén garantizados los principios de gratuidad e igualdad de oportunidades.
Combatir el déficit educacional en cuanto al analfabetismo puro, funcional y digital.
Desarrollar modalidades formales y no formales que permitan oportunidades educativas para personas adultas y la superación del rezago educativo.
Enlazar la educación con las necesidades económicas, productivas, sociales, culturales y ambientales del territorio.
Mejorar la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de las instituciones educativas.
Reducir la brecha tecnológica y de conectividad entre lo urbano, urbano-marginal y rural, mediante la cobertura universal de energía eléctrica, telecomunicaciones e internet en todo el territorio nacional.
Recuperar los infocentros como un mecanismo democrático y equitativo de acceso a la tecnología, y mejoramiento educativo de la población rural y urbana de escasos ingresos económicos.
Incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso educativo.
Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo, y velar por su integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes.
Brindar atención psicopedagógica oportuna y adecuada de todos los estudiantes con capacidades y necesidades especiales del país.
Adaptar el sistema de educación rural a la realidad y necesidades territoriales, para potenciar el desarrollo de las capacidades de niños y jóvenes hombres y mujeres rurales, y así generar oportunidades en territorio y garantizar las mejores condiciones para el ejercicio de su derecho a la libre movilidad.
Establecer un sistema nacional de evaluación que fomente su mejora continua.
Fortalecer y ampliar el Bachillerato Técnico y de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores, tanto en calidad como en su pertinencia con las necesidades y potencialidades de los territorios.
Mejorar el sistema de nivelación y admisión para el ingreso a la educación superior pública, con criterios de accesibilidad, equidad y justicia social.
Establecer mecanismos regulados de becas, créditos, cobros, cuotas de ingreso u otros que permitan la equidad social en el ingreso a la educación superior particular.
Establecer incentivos académicos y económicos para estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos que demuestren alto rendimiento académico.
- Impulsar la profesionalización de las y los trabajadores a través del reconocimiento y actualización de su cualificación laboral.
Ciudadanía con salud, alimentación y viviendas dignas
Ampliar el presupuesto para la atención a la salud como obligación superior del Estado. Garantizar planes presupuestarios para que las casas de salud ya existentes puedan recuperar sus funciones con calidad.
Reincorporar al personal sanitario de medicina, enfermería y personal asistencial, despedidos ilegalmente en los pasados años, y fijar salarios dignos para el sector de la salud.
Garantizar el derecho a la salud como un deber primordial del Estado, que debe proveer a los ciudadanos las oportunidades para mantener un grado máximo de salud.
Fortalecer las políticas que son determinantes para el mantenimiento de la salud, como la infraestructura sanitaria, el acceso a medicamentos y servicios médicos, asegurar el agua potable para todos así como el alcantarillado, la seguridad alimentaria, la educación, la cultura física, el ambiente sano, el hábitat saludable y la vivienda adecuada, etc.
Apoyar a los GAD, para lograr la dotación universal de agua potable o segura, alcantarillado, recolección de basura, adecuado tratamiento de desechos sólidos; y potenciar acciones de promoción como propiciar la actividad física, la recreación y los hábitos saludables, a fin de contener y disminuir las enfermedades a través de la prevención.
Priorizar el desarrollo de una estrategia intersectorial eficiente y efectiva para luchar contra la malnutrición.
Desarrollar una estrategia multidisciplinaria e intersectorial hacia la erradicación de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y todas las formas de violencia en los ámbitos privado y público.
Consolidar el Sistema Nacional de Salud, teniendo como base la Atención Primaria de Salud, dando verdadera prioridad a la promoción y prevención, al logro de acceso equitativo, universal, oportuno, continuo, en base a las especificidades étnicas, culturales, por ciclo de vida, de género y territoriales, consolidando la articulación intersectorial y la participación ciudadana, en los diferentes niveles de atención. Esto implica la atención gratuita y también la constitución de redes integrales de atención que incluyan los diferentes niveles de complejidad, involucrando todos los recursos existentes tanto públicos (MSP, IESS, FFAA, otros) como privados, bajo la rectoría y regulación de la Autoridad Sanitaria Nacional.
Incluir a las unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del Estado y bajo un sistema único de salud, respetando criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Fortalecer a las unidades de salud, tanto hospitales como otras unidades de salud en general, en cuanto a infraestructura, personal, equipamiento, abastecimiento de insumos y medicamentos según su nivel de complejidad; y retomar el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.
Establecer presupuestos anuales y plurianuales para mantener los equipos e instalaciones hospitalarias, que al momento están desabastecidos y deteriorados tras siete años de descuido, pero sobre todo durante la administración actual. Propiciaremos la adquisición de equipos médicos con la asignación presupuestaria para mantenimiento preventivo y correctivo durante la vida útil de los equipos.
Invertir especialmente en el primer nivel de atención, para lograr que cada unidad operativa tenga la capacidad de conocer y cuidar a los individuos, familias y comunidad que están a su cargo de manera participativa; y que esta sea reconocida como la puerta de entrada al sistema de salud. Las unidades operativas de primer nivel deben poder garantizar la obtención de coberturas máximas en acciones de promoción y prevención que tienen bajos costos y gran efectividad, como las inmunizaciones, el control prenatal, la planificación familiar, etc..; pero también en atención, vigilancia e intervención comunitaria e intersectorial, para garantizar el cumplimiento de metas en salud en sus zonas de cobertura.
Blindar cualquier posibilidad de privatización de los hospitales del Estado.
Atender con prioridad la salud de las mujeres en todas las etapas de la vida.
Priorizar la implementación de estrategias para la atención en salud inclusiva de grupos poblacionales diversos en términos de edad, etnia, género, condición económica, privación de libertad, discapacidad.
Constituir un equipo de estudio y planificación con técnicos experimentados del MSP orientados a la generación de estrategias efectivas para contribuir a su implementación, en el ámbito nacional, el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, cuyo desarrollo sufrió un retroceso en la actual administración.
Retomar la formación de personal de salud de acuerdo con las necesidades de atención de la población del país y al Modelo de Atención Integral de Salud, dando especial atención a los Direcciones Distritales, instancias fundamentales en la organización del trabajo para operativizar el modelo de atención integral de salud, a nivel territorial.
Impulsar la producción de medicamentos genéricos a través de la industria nacional en el campo de la integración regional.
Priorizar la inversión pública orientada a la primera infancia de niños y niñas, para lo cual se generará la institucionalidad necesaria y se declarará la emergencia de la niñez, articulando un sistema integrado de atención a la primera infancia y organizando redes de gestión que mejoren las acciones estatales y amplíen las políticas públicas sociales, culturales, de salud, educación, cuidado y vivienda, amparando tanto a los niños como a las personas a su cargo.
Atender la emergencia alimentaria y nutricional, que incluye incrementar el presupuesto de los programas alimentarios del Estado y el presupuesto para los comedores y huertas escolares, comunitarias y familiares; implementar una canasta básica de primera infancia.
Garantizar el derecho a la alimentación con medidas como la eliminación del IVA a todos los productos de la canasta básica de primera infancia.
Apoyar a las organizaciones sociales, de la economía solidaria y los centros y otras instituciones que brinden atención y servicios a los adultos mayores, impulsando las actividades de formación, recreación y turismo social y comunitario.
Fomentar iniciativas y proyectos para atender a adultos mayores que han sido víctimas de abandono.
Atender y fortalecer al deporte y la actividad física en sus diversas manifestaciones, entendiéndolos como derechos y como factor coadyuvante a la formación integral de la ciudadanía, tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad.
25. Abordar las medidas respecto del consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública.
26. Impulsar el pleno cumplimiento del derecho al hábitat y a la vivienda tal y como está recogido en la Constitución. Para ello:
Implementar un plan nacional de vivienda a efectos de garantizar su acceso a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos
Impulsar planes públicos de rehabilitación de viviendas priorizando a las familias con necesidades habitacionales urgentes.
Desarrollar nuevos planes y programas de garantía de alquileres sociales asequibles y nueva regulación y control de los contratos de arrendamiento para evitar abusos y asegurar precios justos. Protección en paralelo de la seguridad jurídica de las personas arrendadoras.
