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Incidir en la educación


I. PRESENTACIÓN
“La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. Son las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general”.

“La incidencia política es una herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es una de las vías, junto con los procesos electorales, cabildos abiertos, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas y tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida”.
- “Manual para la facilitación de procesos de incidencia política”, WOLA-Programa Centroamericano de Capacitación en Incidencia, 2005.

«Incidir en las políticas públicas» - también llamada «incidencia política», «incidencia civil», «incidencia ciudadana», «co-producción» de las políticas o «incidencia» a secas ** - se ha convertido en capítulo de la moderna participación ciudadana y de la gestión pública participativa, tema de creciente interés en la esfera no-estatal, especialmente en el seno de la «sociedad civil» así como entre organismos de iglesia y el sector empresarial.
 

Proliferan las iniciativas, los eventos, cursos y talleres, presenciales y virtuales, e incluso los manuales de capacitación en metodologías y técnicas para dicha incidencia. Esta ha venido agregándose como una línea regular de actividad en los informes y sitios web de muchas instituciones nacionales e internacionales.

En este marco,
«incidir en la política educativa» ha pasado a ser un objetivo de muchos grupos y organizaciones que trabajan en el campo educativo desde fuera del Estado y desde fuera del mercado. Por tal se entiende por lo general una iniciativa de la sociedad civil (entendida a menudo de manera reducida como ONGs) dirigida a actores gubernamentales (y no también a las agencias internacionales) a fin de ejercer influencia sobre la política educativa (y no también sobre el quehacer educativo, así como sobre otras políticas que a su vez inciden en la educación) y específicamente sobre la educación escolar (antes que sobre la educación en general).

Levanto aquí algunas interrogantes y reflexiones en torno a esta visión de la incidencia en educación.

Propongo entender y asumir dicha incidencia:

(a) no solo en relación al sistema educativo sino al campo educativo en su conjunto;

(b) no solo sobre la política educativa sino sobre todas las políticas que tienen que ver con la educación, es decir, con las condiciones de enseñanza y aprendizaje (la política económica y la política social en sentido amplio);

(c) no solo sobre las políticas sino sobre el quehacer educativo, los escenarios, actores, mentalidades, relaciones, prácticas que configuran y sostienen cotidianamente a la educación a nivel local y nacional, dentro y fuera del sistema escolar;

(d) no solo sobre las políticas sino sobre La Política, matriz en la cual se moldean todas las políticas y el modo mismo de diseñar y gestionar la política pública;

(e) no solo desde organizaciones de la sociedad civil sino desde la comunidad educativa y la ciudadanía en general, especialmente padres de familia, estudiantes y comunidades territoriales;

(f) no solo interpelando a los gobiernos (nacionales, locales) sino también al sector privado, los medios de comunicación, las Iglesias y los organismos internacionales, actores fundamentales detrás de las políticas y de la política a nivel nacional e internacional.

(g) no solo ni principalmente mirando "hacia arriba" (autoridades, decisores de política, burocracias, y tecnocracias nacionales e internacionales, autoridades), sino mirando y escuchando "hacia abajo", promoviendo ciudadanía informada y activa en torno a las realidades y los problemas de la educación. No son las tecnocracias sino la gente, los grupos de base, los movimientos sociales, los actores principales e insustituibles de la defensa del derecho a la educación y al cambio educativo.

La “incidencia” surge como respuesta al tradicional elitismo y hermetismo con que se deciden las políticas y los presupuestos públicos, un ejercicio de cúpulas (Estado/gobierno, partidos políticos, grupos económicos y de presión, agencias internacionales) acorazado en un poder político-técnico (tecno-burocracias nacionales e internacionales), sin información pública y sin participación social.

Esta tradición está cuestionada en todo el mundo. Venimos presenciando una (a la vez interesante y preocupante) redefinición de los territorios, límites y roles entre lo público y lo privado, entre Estado y sociedad civil, y entre estos y los organismos internacionales. Se acepta que la formulación y la ejecución de las políticas públicas – teóricamente llamadas a ocuparse del “bien común”, del “interés de todos” – deben dejar de ser dominio exclusivo del Estado; que una democracia genuina requiere no solo mecanismos de representación política sino también de participación ciudadana directa; y que esta co-producción de las políticas es esencial para su coherencia, relevancia, apropiación, viabilidad, sustentabilidad y eficacia.

De hecho, como tendencia mundial y particularmente en América Latina venimos observando una creciente apertura:

1. del Estado a la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el “diálogo de políticas” y en la ejecución de programas y proyectos;

2. de los organismos financieros internacionales a la consulta y participación de las OSC en los planes, políticas y proyectos financiados por dichos organismos, abriendo así rendijas en su tradicional hermetismo en relación con los ‘países clientes’. ***

Lamentablemente, en nuestros países - los mal llamados ‘países en desarrollo’ - observamos también una cada vez mayor apertura (y dependencia) por parte del Estado y de la sociedad civil en relación a los organismos internacionales como fuentes de financiamiento, asesoría, investigación y capacitación, y como garantes de continuidad de políticas y programas – las anheladas ‘políticas de Estado’.

De hecho, la ‘participación social en las políticas públicas’, reivindicación de los movimientos sociales y las posiciones progresistas, ha sido apropiada y viene siendo promovida desde arriba, desde las agencias internacionales – especialmente desde el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso de América Latina y el Caribe – como parte del ‘fortalecimiento de la sociedad civil’, visto como condición indispensable de la modernización del Estado y estrategia prioritaria de los organismos financieros en las últimas décadas.

En nombre de dicho fortalecimiento de la sociedad civil, muchas ONGs e incluso movimientos sociales perdieron autonomía y pasaron a convertirse en entidades para-estatales, brazos ejecutores de las políticas compensatorias y asistenciales generalizadas desde los 1990s por gobiernos y organismos internacionales para ‘aliviar la pobreza’, bajo el supuesto – empuñado por estos últimos – de un Estado ineficiente y corrupto, y de unas ONGs por definición eficientes y en contacto directo con los pobres. Como se ha analizado abundantemente, el resurgimiento y la expansión del término ‘sociedad civil’ a partir de la década de 1980 ha ido de la mano del discurso anti-Estado y anti-política promovido por el neoliberalismo.


* Este texto tiene su origen en la exposición sobre este tema que realicé en el “Taller de Incidencia” organizado por el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) en Bogotá el 29-30 abril 2006. Una versión preliminar fue incluida por el CEAAL en la separata ‘Incidencia en Políticas Educativas: Reflexiones y retos’, publicada con ocasión de su Asamblea Intermedia en La Habana, en enero 2007. La versión ampliada que incluyo aquí fue publicada en Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 5, Nº 16, Santiago de Chile, 2007.

** Cabe recordar que el término incidencia tiene un significado específico en el campo de la salud. Se refiere a la frecuencia con que se presenta una condición, síntoma, enfermedad o lesión en una población determinada y en un período de tiempo específico.

*** Banco Mundial, BID, OEA, UNESCO, entre otros, cuentan con grupos, comisiones, políticas, estrategias y sitios web dedicados al tema Sociedad Civil/ ONGs. Banco Mundial/sociedad civil BID/sociedad civil OEA/sociedad civil UNESCO/ONGs UNESCO/ Consulta Colectiva de ONGs en Educación para Todos (CCONG/EPT).

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Participación social en educación y observatorios ciudadanos



Conferencia magistral

Foro "La participación social en educación"

Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) /
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM
México D.F., 3 agosto 2010

Rosa María Torres del Castillo


No acostumbro leer textos en conferencias, pero esta es una ocasión especial y he preferido confiar en la palabra escrita, que tiene el poder de decir, conservar y perdurar.

Me siento contenta y honrada con esta invitación y son varias las razones. Este foro se realiza en México, país al que me unen lazos familiares, de estudio y profesionales. Lo organizan dos instituciones prestigiosas de este país. A una de ellas, el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), fundado por Pablo Latapí, me une una historia de colaboración y un largo sentimiento de admiración, que he plasmado en muchos escritos. Este foro convoca a la Cátedra Pablo Latapí Sarre, como una prolongación de su vida y de su obra, a la que tantos educadores debemos tanto.

Dos grandes Pablos latinoamericanos – Freire y Latapí - han marcado a varias generaciones de educadores e investigadores. Sin serlo formalmente, ambos fueron mis maestros, inspirándome con sus ideas y su ejemplo consecuente y militante. Con ambos entré en contacto a través de sus escritos sobre educación de adultos y educación no-formal, que es por donde yo también le tomé cariño a la educación y en donde encontré un lugar para hacer militancia social. Todos nosotros fuimos avanzando hacia nuevas y más amplias comprensiones de lo educativo, que hoy confluyen, para mí, en el Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Con Latapí compartí la redacción del Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, que preparamos con ocasión del Foro Mundial de Educación en Dakar, en abril 2000. Una iniciativa pionera en esta región, que dio lugar a una comunidad virtual, Comunidad Educativa, que modero desde 2002, la cual tendrá un encuentro presencial en Buenos Aires el 8-11 septiembre y que hemos decidido dedicar a la memoria de Pablo. De aquí saldrá un segundo Pronunciamiento Latinoamericano, actualizado y sintonizado con los nuevos tiempos.

El tema de este foro, sobre el cual OCE me ha pedido hablar – la participación social en educación y el papel de los observatorios – es fundamental. Vengo estudiando y escribiendo al respecto desde que trabajé en la Revolución Sandinista, en la Nicaragua de los 80s, y en sucesivos momentos, caminando con los nuevos escenarios y avanzando sobre mis propios aprendizajes.

Las reflexiones que siguen se enmarcan en este siglo 21 que apenas empieza, rebosante de viejos y nuevos problemas, y aún lidiando con una educación que, en muchos aspectos, corresponde no al siglo anterior sino a siglos anteriores. Me escucharán mencionar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) pues el mundo virtual no es ya un mundo aparte sino elemento constitutivo del mundo real, un campo más de observación, análisis, uso, aprendizaje, disputa y formación de opinión pública para la participación social en educación.

Participación en educación: discursos y prácticas

Hablar de participación en educación se ha vuelto trivial. Como hablar de calidad. Ambas dejaron de ser banderas progresistas o incluso innovadoras en el campo educativo. Los discursos de la participación y de la calidad se han “democratizado” al punto de incluirnos a todos, incluso al empresariado privado y a los organismos financieros internacionales, quienes han contribuido a popularizarlos y al mismo tiempo a elitizarlos y tecnocratizarlos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han venido promoviendo activamente y financiando con préstamos y asesoría el “mejoramiento de la calidad de la educación”, el “fortalecimiento de la sociedad civil”, la “incidencia en educación”, etc.

Desde posturas progresistas y emancipatorias - la Educación Popular, las pedagogías críticas, el constructivismo, etc. - venimos defendiendo y trabajando hace varias décadas para la participación en educación, no para la “eficiencia social” sino para la transformación social, entendiéndola como derecho, empoderamiento, construcción de ciudadanía activa.

Hay mucho escrito y propuesto al respecto en esta región, para la educación formal y para la no formal. No obstante, persisten grandes vacíos, en los planteamientos y en la práctica, como lo señala OCE para el caso de México pero que de hecho caracterizan a toda la región.

Hace falta una renovación de fondo, la que exigen las tozudas realidades de nuestros países, las nuevas oportunidades y contradicciones, la presencia ya irreversible de las modernas tecnologías, los muchos fracasos acumulados, los avances y redefiniciones del conocimiento en los campos que atraviesan a la participación y a la educación. Aunque quizás con nuevos ropajes, gobiernos y sociedades siguen en gran medida replicando premisas y mecanismos de una época anterior. La inercia, la inacción, o, peor aún, la acción inconsecuente, carcomen nuestras frágiles democracias, nuestras débiles ciudadanías y nuestros cuestionados sistemas educativos.

Sabemos y hemos reiterado que la participación es esencial por diversas razones y fuimos apoyando tal afirmación en la cada vez más demandada “evidencia” basada en estudios y casos.

Dijimos:

- Que no se trata sólo de más sino de más-y-mejor y, consecuentemente, de “calificar” la participación social y volverla participación ciudadana en ese proceso.

- Que participar en educación es asunto de todos - alumnos, docentes, padres de familia- y no solo de la “comunidad educativa” sino de la ciudadanía en general.

- Que no basta con participación dentro del aula, la escuela, el sistema escolar, pues lo educativo trasciende a lo escolar.

- Que todos somos sujetos de derecho en educación y, por ende, interlocutores válidos en la definición de las políticas – la educativa y las demás que inciden sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

- Que no se trata de participar a nivel local solamente sino en las decisiones que se toman a todos los niveles, incluidas las de escala nacional, regional y mundial.

- Que se trata no solo de instaurar procesos participativos sino de promover una cultura participativa.

Esto y mucho más sabemos producto de la investigación y la experiencia acumulada. No obstante, saberlo, decirlo e intentar llevarlo a la práctica no han sido hasta hoy suficientes para modificar sustancialmente modos de pensar y de hacer. Es evidente que algo viene fallando tanto por parte de quienes conceden participación como de quienes están llamados a reclamarla no como dádiva sino como derecho ciudadano.

Si usáramos los viejos esquemas binarios de “Logros y Dificultades” de los 1970s-1980s, podríamos colocar varios ítems en la lista de Logros.

- La participación (social/ciudadana/popular) en educación está instalada, incluso constitucional y legalmente, en varios países, con mecanismos y organismos institucionalizados para el efecto.

- En la mayoría de países contamos hoy con leyes que obligan a los Estados a la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, el control social.

- Las consultas en torno a la educación han pasado a integrarse como componente de muchas políticas y leyes (con eventos nacionales como el Debate Educativo en Uruguay o la aprobación en el Ecuador de un Plan Decenal de Educación mediante votación universal, ambos en 2006, para mencionar dos ejemplos de los últimos años). (1)- Por su parte, pueblos y organizaciones indígenas han empezado a reclamar el derecho a ser consultados en asuntos que atañen a su identidad, sus culturas, sus condiciones de vida, incluido el ecosistema.

- En los bancos de “buenas prácticas” que han venido armando organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil pueden encontrarse algunas que son efectivamente tales, y que destacan justamente su componente participativo.- Todo esto y más, con el trasfondo de un desarrollo tecnológico que ha facilitado y horizontalizado estos procesos, borrando papeleos y jaqueando jerarquías, con ayuda de unas TICs que no son solo herramientas de información y comunicación sino herramientas de expresión, participación, consulta, debate, articulación, creación, investigación, aprendizaje…

En la columna de “Dificultades” necesitaríamos hacer espacio para un largo listado de “peros”…

- La gran brecha entre lo prescrito y lo actuado, entre políticas y realizaciones, entre las leyes y su aplicación.

- La persistencia de concepciones estrechas de participación (centrada en aspectos instrumentales), de sociedad civil (reducida a menudo a ONGs) y de educación (entendida como educación escolar). (2)

- La continuada visión de las políticas educativas como algo que se piensa y define “desde arriba y desde afuera” (de la escuela, del sistema escolar, incluso del país) y que se “baja” para que otros las ejecuten.

- La imposición a sangre y fuego, en muchos países, de la evaluación docente, aderezada con el pago por desempeño y por mérito, y la retórica de la “valorización” y la “profesionalización” docentes.

- El mal sabor que vienen dejando muchas experiencias de consulta, atropellando tiempos y condiciones fundamentales para llamarse tales.

- La fragilidad de pactos y alianzas en favor de la educación.

- El debilitamiento de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

- La burocratización e inoperancia, en muchos casos, de instancias de participación oficiales creadas y reguladas desde el Estado.

- El continuado relegamiento de alumnos y padres de familia como actores centrales del hecho y del cambio educativos, y como sujetos de consulta y participación.

- La desatención a la educación jóvenes y adultos, con esquemas que incluso nos retrotraen a épocas que considerábamos superadas en términos ideológicos y pedagógicos.

- La falta de seguimiento de iniciativas, a menudo congeladas como “proyectos” o “experiencias” que no trascienden ni en el espacio ni en el tiempo.

- La falta de políticas integrales y consistentes de democratización de las TICs, más allá del equipamiento y el acceso a secas, y la ausencia de información y debate públicos al respecto.

- Los dilemas y problemas de la participación que se replican en los nuevos espacios virtuales…
- Etcétera, etcétera.

Seguir leyendo la conferencia completa aquí


(1) Rosa María Torres, “Participación ciudadana en educación: Una mirada amplia y 20 experiencias de América Latina”. Documento presentado en la II Reunión de Ministros de Educación en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral –CIDI, organizada por la Unidad de Desarrollo Social y Educación (UDSE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Punta del Este, Uruguay, 24-25 Septiembre, 2001).

(2) El Debate Educativo uruguayo, convocado por el Gobierno, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República, y coordinado por la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), es una de las experiencias más prolongadas y sólidas de este tipo en la región. Ver http://www.debateducativo.edu.uy/ El proceso ecuatoriano tuvo otro carácter, resultando en una consulta formal. Ver: Rosa María Torres, “Por qué voté en blanco por el Plan Decenal de Educación en la Consulta Popular”, Quito, 15 dic. 2006

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