Managua, Nicaragua.- Uno por uno,
Ministros y otras autoridades del gobierno van turnándose en la palabra
para informar acerca de lo hecho en sus respectivos ministerios. Sentada
en el lugar reservado a los representantes de gobiernos y de agencias
internacionales - en este caso, yo representando a UNICEF - lo que
escucho no se parece en nada a la Nicaragua que yo conocí y en la que
viví, junto con mi familia, por cerca de seis años: la Nicaragua
Sandinista, en la que trabajábanos más por convicción que por un
salario, sintiéndonos privilegiados de ser parte de un proyecto de
construcción de una nueva sociedad, cercados por la muerte y la penuria
pero también por la alegría y la esperanza, todos ellos ingredientes de
la revolución.
El informe del Ministro de Educación nos ubica frente a una Nicaragua sin historia, nacida con el último gobierno, que no tiene cimientos sobre los cuales seguir construyendo, salvo los colocados en los últimos cuatro años. (Lo mismo sucedió, de hecho, respecto del Somocismo, cuando los Sandinistas tomaron el poder: incluso se quemaron públicamente libros y textos escolares que, posteriormente, no pudieron ser sustituidos y muchos de los cuales, como se reconoció más tarde, podrían haber continuado sirviendo a alumnos y profesores).
El informe del Ministro de Educación nos ubica frente a una Nicaragua sin historia, nacida con el último gobierno, que no tiene cimientos sobre los cuales seguir construyendo, salvo los colocados en los últimos cuatro años. (Lo mismo sucedió, de hecho, respecto del Somocismo, cuando los Sandinistas tomaron el poder: incluso se quemaron públicamente libros y textos escolares que, posteriormente, no pudieron ser sustituidos y muchos de los cuales, como se reconoció más tarde, podrían haber continuado sirviendo a alumnos y profesores).
El caso de Nicaragua es, sin duda, un caso límite, dada la polarización de las fuerzas y proyectos político-ideológicos en juego. Es cierto también que, entre los 80s y los 90s, cambiaron enormemente los tiempos y los contextos. Pero el 'desmantela y va de nuevo' de las políticas educativas ha sido y continúa siendo pan de cada día en América Latina y, en general, en los países de menor desarrollo en Asia y África. Programas y procesos que sobreviven un cambio de gobierno, de director o asesor, son mas bien excepcionales. Quizás el principal mérito y elemento distintivo de la política educativa chilena (y, también, en buena medida, de la argentina) en los 90s fue haber logrado continuidad a pesar de los cambios de gobierno, permitiendo a chilenos (y argentinos) una rara y privilegiada condición en materia de reformas educativas: la posibilidad de aprender en el camino y, eventualmente, rectificar.
La bandera de “la educación como política de Estado, no de gobierno” prendió en América Latina en los años 80 e inicios de los 90. No obstante, sigue siendo más frecuente en el discurso que en la realidad. Asimismo, y si bien la discontinuidad tiende a adjudicarse a los gobiernos, el “desmantela y va de nuevo” atraviesa a todos los sectores e instituciones: el organismo nacional e internacional, gubernamental y no-gubernamental, la universidad, la organización comunitaria. Nuevo gobierno, nuevo partido, nuevo director, nuevo jefe, nuevo asesor y... ¡zas¡ todo puede desmantelarse (incluso el edificio, los equipos, el personal contratado) y a empezar otra cosa se ha dicho. Todos los países latinoamericanos tienen, al respecto, historias que contar...
La continuada discontinuidad (de las políticas, los planes, los programas, los proyectos) es uno de los obstáculos principales para avanzar en el terreno educativo y para avanzar, concretamente, en la línea de una transformación profunda de la educación. No solo por el desperdicio de recursos económicos, sino por el desperdicio de la oportunidad que cada uno de esos nuevos intentos trae consigo (el acumulado de falta de credibilidad en el campo educativo respecto de cada nueva propuesta o plan, ya es enorme) y, sobre todo, por la propia lógica que impone y a la que a su vez responde tal discontinuidad. Para cada presidente, ministro, director o asesor el futuro se extiende hasta el límite de su respectiva gestión, con lo cual objetivos y prioridades, metas y métodos se visualizan y eligen en función de ese plazo. Plazo que, en esencia, siempre será insuficiente para instaurar procesos, calidades y cambios de verdad, irreversibles, sostenibles en el tiempo. Plazos que apretan en pocas semanas, meses o años lo que sólo puede lograrse con esfuerzos, aprendizajes y reajustes permanentes, a lo largo de décadas, no con reformas puntuales, que se inician cíclicamente cada 4, 5 ó 6 años.
Un nuevo rol ha venido asignándose en este sentido a las agencias financieras: el rol de garantes de dicha continuidad, fundamentalmente asumiendo el interés de dichas agencias en que los préstamos se devuelvan y los dineros se ejecuten según lo estipulado. No obstante, también los financistas y asesores internacionales tienen sus propias lógicas, ciclos de supervivencia y plazos. A menudo, por otra parte, el nombre del plan o programa y de sus componentes puede mantenerse en el papel, pero lo que se sigue haciendo bajo esos nombres es otra cosa.
No está demás decir que, en muchos casos, hay que alegrarse de que exista la posibilidad de cambiar el rumbo de políticas, planes y programas. No todo lo que se inicia, aunque se haga con grandes inversiones, con préstamos y bendición de organismos internacionales, vale la pena continuar. Hay mucho "mejoramiento" y retoque, donde lo que se necesita es genuina transformación. Sobra la "gestión" mientras escasea la pedagogía. Abunda la inversión fácil en infraestructura y equipamiento, en un campo donde lo clave ha sido y sigue siendo el factor humano.
Atribuir a las agencias internacionales el papel de guardianes de las políticas estatales - políticas que generalmente son definidas con ellas mismas y con su aval - es, por decir lo menos, un error. Este es papel crítico e irrenunciable de la sociedad civil en cada país, de los partidos políticos, los movimientos sociales, los grupos organizados, la ciudadanía. Y es misión de la educación y tarea educativa fundamental construir esa ciudadanía informada, consciente, crítica, propositiva, con capacidad para opinar y demandar información, ejercer presión y colaborar en la construcción de la política, la educativa entre tantas otras.
* Incluido en: Rosa María Torres, Itinerarios por la educación latinoamericana: Cuaderno de viajes, Paidós, Buenos Aires-Barcelona-México, 2000. Prólogo de Fabricio Caivano.
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