Es indispensable reconocer y defender los derechos de los maestros. Pero es fundamental también analizar cuándo y hasta qué punto esos derechos entran en conflicto con los derechos de los alumnos.
El paro y la huelga docentes son vistos generalmente como el escenario por excelencia de la confrontación entre derechos de los maestros y derechos de los alumnos. Mientras que el paro es la expresión de un reclamo docente en defensa de sus condiciones laborales, la suspensión de clases lesiona el derecho de los alumnos a asistir a clases y aprender.
Existen otros frentes de conflicto entre derechos de los maestros y derechos de los alumnos. En el estado de Chiapas, México, me encontré con la situación - ampliamente conocida y reconocida en ese país - de que, en el medio indígena, y cuando se trata de la escuela, a menudo no coinciden las lenguas que hablan los maestros y sus alumnos. Así, por ejemplo, es común la situación de un maestro que habla tzotzil dando clases en una zona de habla chol, o la de un maestro que habla chol enviado a trabajar con una población hablante de tzotzil. Obviamente, en este caso maestros y alumnos no se entienden entre sí, pues se trata de lenguas - no apenas de dialectos - diferentes.
El problema parece sencillo de resolver: enviar a los maestros tzotziles a la zona tzotzil, a los que hablan chol a la zona chol, a los que hablan tzeltal a la zona tzeltal, etc. Pero no es sencillo en absoluto y la realidad así lo demuestra no solo en México sino en varios países con alta presencia de lenguas indígenas. En México, muchos atribuyen el problema a fallas de planificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Otros - incluidos los maestros entrevistados durante mi recorrido en Chiapas - mencionan también al sindicato y los “derechos sindicales". “Estamos ubicados de acuerdo a nuestro derecho”, me decía una maestra hablante de tzeltal que enseña a niños hablantes de tzotzil. “Poco nos entendemos. Ellos no me entienden a mí, y yo tengo que hacer el esfuerzo de hablarles en su lengua. Ya he aprendido un poco en estos meses”.
Es decir: dentro de la política oficial de distribución de plazas docentes, y de común acuerdo con el sindicato, al maestro o maestra se le asigna una determinada zona de trabajo según sus calificaciones y años de experiencia. El criterio de distribución tiene que ver prioritaria, si no exclusivamente, con el eje campo-ciudad. En otras palabras, cada punto ganado en experiencia docente y en currículum vitae sirve para avanzar la ficha un casillero, en un tablero que empieza en lo más apartado de la zona rural y termina en la gran ciudad. En las primeras casillas, donde se concentran los grupos y las lenguas indígenas, y donde se concentran los grupos (y lenguas) con menor estatus y menor capacidad para reivindicar sus derechos, inician su carrera los maestros y maestras con menores “derechos”, no necesariamente los que hablan esas lenguas. El que habla la lengua local, a su vez, gana con los años y los cursos el derecho a avanzar en el tablero, cada vez más cerca de la ciudad, cada vez más cerca de los grupos sociales y lenguas prestigiosos.
¿Qué clase de sistema social y de sistema escolar hemos construido, en el que los derechos que asisten a los que aprenden - el derecho a aprender, a aprender en la propia lengua, a aprender con sentido - pueden ser a tal punto contradictorios con los derechos reivindicados como tales por quienes enseñan, que terminan negándose incluso requisitos básicos para el aprendizaje como son el manejo de una lengua común, la comunicación, la obvia necesidad de la comprensión?
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